-La titular de Vivienda analiza las iniciativas de la Generalitat para “movilizar suelo, simplificar trámites y reforzar los controles en la adjudicación de VPP” frente al Gobierno de España que “da la espalda a las autonomías y está instaurado en la impo
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha presentado la nueva línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías para su posterior puesta en régimen de alquiler durante un periodo mínimo de dos años, con el objetivo “de ayudar a los propietarios a acondicionarla para ponerla en el mercado de alquiler e incrementar así el número de recursos habitacionales a disposición de la ciudadanía”.
Camarero ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa incluida en los presupuestos de la Generalitat para 2026 durante su participación en el ‘Foro vivienda Comunitat Valenciana. Retos y oportunidades para una política de vivienda eficaz’ organizado por EsDiario, donde se han abordado los principales desafíos y las líneas de actuación en materia de vivienda.
Así, la titular de Vivienda ha resaltado que esta nueva línea de ayudas, que cuenta con una dotación presupuestaria de 3,6 millones de euros, refuerza la apuesta del Consell por “incrementar la oferta y acelerar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana” y que se unen a programas como el Plan Vive, que ya cuenta con 320 municipios adheridos y el impulso de 4.800 viviendas de protección pública, que alcanzan las 6.000 unidades incluyendo la promoción privada activada. Y todo ello, ha destacado la vicepresidenta, “en un contexto extraordinariamente adverso después de años de parálisis, con una situación de infrafinanciación autonómica crónica y con un mercado de la construcción con los costes disparados”.
Durante su intervención, Camarero ha contrapuesto la política de vivienda llevada a cabo por la Generalitat que “está permitiendo movilizar suelo, agilizar los trámites y reforzar los procesos de adjudicación de VPP”, con las iniciativas del Gobierno de España, que “lleva años anunciando planes de vivienda que no se materializan, invade las competencias autonómicas y apuesta por medidas populistas e ineficaces, como el tope de precios de la vivienda, que lejos de solucionar el problema, lo agrava reduciendo la oferta y aumentando los precios, como se ha demostrado en ciudades donde se ha aplicado como en Barcelona”.
En este sentido, la vicepresidenta ha lamentado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda “llega tarde, sin consenso y trasladando el mayor esfuerzo económico a las autonomías, que pasan de financiar del 30 % al 40 % del Plan, con lo que la Comunitat Valenciana multiplica por cuatro la inversión; mientras el Estado reduce su aportación del 70 % al 60 %”, y ha insistido en que “esto no es cogobernanza ni lealtad institucional, ya que no se puede diseñar la política de vivienda con imposición ideológica y de espaldas a quienes tienen las competencias y gestionan diariamente las ayudas y promociones de vivienda”.
Asimismo, Camarero se ha referido al proceso de simplificación administrativa llevado a cabo por el Consell y que, según ha detallado, ha permitido “desbloquear más de 8.500 expedientes de autorización administrativa previa”, los cuales afectan directamente a industrias y viviendas.
Acceso efectivo a la vivienda
Susana Camarero ha hecho hincapié en la modificación del decreto 180/2024, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, mediante el cual “se han recuperado los principios de igualdad, objetividad y concurrencia para las adjudicaciones de VPP que el anterior Gobierno del Botànic había eliminado en su decreto y que recoge la obligatoriedad de los notarios de comprobar el visado del comprador”. Una modificación normativa que ha repercutido en “una mayor movilización del sector para la construcción de vivienda asequible, consiguiendo triplicar el número de viviendas activadas por parte de promotores privadas desde la aprobación del decreto”.
En paralelo, la vicepresidenta ha anunciado esta semana que la Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 refuerza los mecanismos de control en la adjudicación y el acceso a las VPP e introduce que en promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada se podrá valorar el arraigo o vinculación continuada con el municipio, en lo que supone “recoger una reivindicación de vecinos y alcaldes”.
Del mismo modo, la vicepresidenta ha destacado la apuesta del Consell por la vivienda industrializada, con lo que ya se han licitado cerca de 100 viviendas de esta tipología priorizando a los municipios afectados por la dana, al tiempo que ha incidido en “la creación de un clúster de construcción industrializada en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de convertir este sector en un motor de innovación, sostenibilidad y competitividad, que permita situar a nuestra autonomía como 'hub' industrial de vivienda en España”.
En última instancia, Camarero ha puesto en valor las medidas encaminadas a facilitar oportunidades reales de emancipación y acceso a la primera vivienda, especialmente por parte de los jóvenes; las ayudas al alquiler y compra, de las que solo en 2025 se beneficiaron cerca de 18.000 familias; el incremento de los recursos que este año destina la Generalitat a políticas de vivienda, con un crecimiento del 15 % respecto a 2025 hasta alcanzar los 350 millones de euros; así como el impulso del Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, el cual “está contribuyendo a reforzar la seguridad jurídica y la confianza en el mercado, proteger a los propietarios y dotar de recursos frente a la ocupación de viviendas”, ha concluido la vicepresidenta.
Avanzar de la mano del sector
El foro también ha contado con la participación de expertos y profesionales del sector. En este sentido, la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, ha lamentado que hasta ahora “se haya legislado de espaldas al sector, cuando somos parte de la solución”, y ha valorado que se hayan puesto en marcha los avales para jóvenes, dado que ha sido “una reivindicación de los agentes inmobiliarios desde 2018, que nunca fue atendida y que habría permitido el acceso a la vivienda a muchos más jóvenes, como está sucediendo ahora”.
Desde la Federación de Obras Públicas de Alicante (Fopa), Javier Gisbert ha abogado por “reducir el IVA que se aplica a la compra de vivienda protegida y apostar por un tipo reducido o superreducido. No se debería pagar lo mismo por la adquisición de en una vivienda de lujo que por una vivienda de protección pública”, ha subrayado. En la misma línea se ha pronunciado Vicente Llácer, de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova), quien ha abogado por “grandes soluciones para problemas complejos, que permitan ampliar la oferta de vivienda”.
Por su parte, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, se ha manifestado contrario a topar los precios del alquiler “puesto que lejos de solucionar el problema, lo agrava reduciendo la oferta existente y aumentando el precio de los que se encuentran en el rango más bajo”. Asimismo, el arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV (ETSAV), José Durán, ha incidido en la necesidad de adaptar la construcción de viviendas a las nuevas necesidades de la sociedad, por lo que ha señalado la idoneidad de “adaptar la normativa a nuestra realidad actual”.
Finalmente, desde la firma Anro-Guerola, Pepe Guerola ha destacado “el valor de la industrialización para conseguir soluciones de calidad y reducir significativamente los plazos de construcción de viviendas y su puesta a disposición de la ciudadanía”.
Camarero ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa incluida en los presupuestos de la Generalitat para 2026 durante su participación en el ‘Foro vivienda Comunitat Valenciana. Retos y oportunidades para una política de vivienda eficaz’ organizado por EsDiario, donde se han abordado los principales desafíos y las líneas de actuación en materia de vivienda.
Así, la titular de Vivienda ha resaltado que esta nueva línea de ayudas, que cuenta con una dotación presupuestaria de 3,6 millones de euros, refuerza la apuesta del Consell por “incrementar la oferta y acelerar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana” y que se unen a programas como el Plan Vive, que ya cuenta con 320 municipios adheridos y el impulso de 4.800 viviendas de protección pública, que alcanzan las 6.000 unidades incluyendo la promoción privada activada. Y todo ello, ha destacado la vicepresidenta, “en un contexto extraordinariamente adverso después de años de parálisis, con una situación de infrafinanciación autonómica crónica y con un mercado de la construcción con los costes disparados”.
Durante su intervención, Camarero ha contrapuesto la política de vivienda llevada a cabo por la Generalitat que “está permitiendo movilizar suelo, agilizar los trámites y reforzar los procesos de adjudicación de VPP”, con las iniciativas del Gobierno de España, que “lleva años anunciando planes de vivienda que no se materializan, invade las competencias autonómicas y apuesta por medidas populistas e ineficaces, como el tope de precios de la vivienda, que lejos de solucionar el problema, lo agrava reduciendo la oferta y aumentando los precios, como se ha demostrado en ciudades donde se ha aplicado como en Barcelona”.
En este sentido, la vicepresidenta ha lamentado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda “llega tarde, sin consenso y trasladando el mayor esfuerzo económico a las autonomías, que pasan de financiar del 30 % al 40 % del Plan, con lo que la Comunitat Valenciana multiplica por cuatro la inversión; mientras el Estado reduce su aportación del 70 % al 60 %”, y ha insistido en que “esto no es cogobernanza ni lealtad institucional, ya que no se puede diseñar la política de vivienda con imposición ideológica y de espaldas a quienes tienen las competencias y gestionan diariamente las ayudas y promociones de vivienda”.
Asimismo, Camarero se ha referido al proceso de simplificación administrativa llevado a cabo por el Consell y que, según ha detallado, ha permitido “desbloquear más de 8.500 expedientes de autorización administrativa previa”, los cuales afectan directamente a industrias y viviendas.
Acceso efectivo a la vivienda
Susana Camarero ha hecho hincapié en la modificación del decreto 180/2024, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, mediante el cual “se han recuperado los principios de igualdad, objetividad y concurrencia para las adjudicaciones de VPP que el anterior Gobierno del Botànic había eliminado en su decreto y que recoge la obligatoriedad de los notarios de comprobar el visado del comprador”. Una modificación normativa que ha repercutido en “una mayor movilización del sector para la construcción de vivienda asequible, consiguiendo triplicar el número de viviendas activadas por parte de promotores privadas desde la aprobación del decreto”.
En paralelo, la vicepresidenta ha anunciado esta semana que la Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 refuerza los mecanismos de control en la adjudicación y el acceso a las VPP e introduce que en promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada se podrá valorar el arraigo o vinculación continuada con el municipio, en lo que supone “recoger una reivindicación de vecinos y alcaldes”.
Del mismo modo, la vicepresidenta ha destacado la apuesta del Consell por la vivienda industrializada, con lo que ya se han licitado cerca de 100 viviendas de esta tipología priorizando a los municipios afectados por la dana, al tiempo que ha incidido en “la creación de un clúster de construcción industrializada en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de convertir este sector en un motor de innovación, sostenibilidad y competitividad, que permita situar a nuestra autonomía como 'hub' industrial de vivienda en España”.
En última instancia, Camarero ha puesto en valor las medidas encaminadas a facilitar oportunidades reales de emancipación y acceso a la primera vivienda, especialmente por parte de los jóvenes; las ayudas al alquiler y compra, de las que solo en 2025 se beneficiaron cerca de 18.000 familias; el incremento de los recursos que este año destina la Generalitat a políticas de vivienda, con un crecimiento del 15 % respecto a 2025 hasta alcanzar los 350 millones de euros; así como el impulso del Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, el cual “está contribuyendo a reforzar la seguridad jurídica y la confianza en el mercado, proteger a los propietarios y dotar de recursos frente a la ocupación de viviendas”, ha concluido la vicepresidenta.
Avanzar de la mano del sector
El foro también ha contado con la participación de expertos y profesionales del sector. En este sentido, la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, ha lamentado que hasta ahora “se haya legislado de espaldas al sector, cuando somos parte de la solución”, y ha valorado que se hayan puesto en marcha los avales para jóvenes, dado que ha sido “una reivindicación de los agentes inmobiliarios desde 2018, que nunca fue atendida y que habría permitido el acceso a la vivienda a muchos más jóvenes, como está sucediendo ahora”.
Desde la Federación de Obras Públicas de Alicante (Fopa), Javier Gisbert ha abogado por “reducir el IVA que se aplica a la compra de vivienda protegida y apostar por un tipo reducido o superreducido. No se debería pagar lo mismo por la adquisición de en una vivienda de lujo que por una vivienda de protección pública”, ha subrayado. En la misma línea se ha pronunciado Vicente Llácer, de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova), quien ha abogado por “grandes soluciones para problemas complejos, que permitan ampliar la oferta de vivienda”.
Por su parte, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, se ha manifestado contrario a topar los precios del alquiler “puesto que lejos de solucionar el problema, lo agrava reduciendo la oferta existente y aumentando el precio de los que se encuentran en el rango más bajo”. Asimismo, el arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV (ETSAV), José Durán, ha incidido en la necesidad de adaptar la construcción de viviendas a las nuevas necesidades de la sociedad, por lo que ha señalado la idoneidad de “adaptar la normativa a nuestra realidad actual”.
Finalmente, desde la firma Anro-Guerola, Pepe Guerola ha destacado “el valor de la industrialización para conseguir soluciones de calidad y reducir significativamente los plazos de construcción de viviendas y su puesta a disposición de la ciudadanía”.